El Gobierno anunció este miércoles que prohibirá los tratamientos de hormonización en menores de 18 años contemplados en la Ley de Identidad de Género aprobada en 2012. Además, dispuso que el alojamiento de los detenidos en cárceles se determinará según el sexo registrado en el momento del hecho delictivo y no por una autopercepción diferente posterior.

Los anuncios los realizó el vocero presidencial Manuel Adorni, quien argumentó que “intervenciones a las que se expone a los niños es un grave riesgo a su salud, tanto física como mental, ya que implica una interrupción en su proceso de maduración”.

También afirmó que el objetivo de la medida en el sistema penitenciario es “evitar que cualquiera pueda usar la excusa del cambio de género para pedir un traslado de la cárcel en la que se encuentra”.

El Gobierno adelantó que impulsará modificaciones en la Ley de Identidad de Género para implementar estos cambios.

La decisión se conoció días después de una masiva marcha de repudio contra el discurso del presidente Javier Milei en Davos, donde se refirió al colectivo LGBT en términos fuertemente críticos, con graves descalificaciones.

Contenido de la Ley de Identidad de Género

La Ley 26.743 de Identidad de Género fue sancionada en 2012 y permite a las personas cambiar su identidad de género en el Documento Nacional de Identidad sin necesidad de recurrir a instancias judiciales ni presentar diagnósticos médicos. Además, garantiza el acceso a tratamientos hormonales y cirugías de reasignación de género dentro del sistema de salud público y privado, sin requisitos de autorización judicial ni periçodos de espera.

El artículo 11 de la norma establece que todas las prestaciones médicas vinculadas a la identidad de género deben ser cubiertas por el sistema de salud, incluyendo los tratamientos de hormonización. También permite que los menores de edad accedan a estos tratamientos con el consentimiento de sus representantes legales.

Desde su aprobación, la ley ha sido reconocida internacionalmente como una de las más avanzadas en materia de derechos de personas trans y ha sido citada por organismos de derechos humanos como un modelo a seguir en otras legislaciones.